RIO CUARTO,30 de Noviembre de 2012
VISTO, la Resolución Nº 284/12 del Consejo Superior en donde se manifiesta
la actual preocupación referida a la instalación de la empresa Monsanto en la
ciudad de Río Cuarto y en las proximidades de Córdoba capital y,
CONSIDERANDO
Que el Estatuto de esta Universidad establece
que la UNRC es
“un bien social, que debe contribuir a la definición y a la resolución de
problemas sociales de los grupos o sectores más vulnerables, al desarrollo
económico nacional, a la preservación del medio ambiente y a la creación de una
cultura y una conciencia nacional y solidaria”.
Que la Resolución N° 150/12
del HCS de esta Universidad sobre el rechazo a los fondos mineros provenientes
de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), enuncia que “las universidades
públicas tienen el ineludible deber de comprometerse con políticas ambientales
sustentadas en el concepto de justicia ambiental, entendiendo a esta última
como la superación de los mecanismos por los cuales las sociedades desiguales,
desde el punto de vista económico y social, concentran los recursos ambientales
bajo el poder de los grandes intereses económicos y destinan la mayor carga de
los daños ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los
grupos raciales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los
barrios obreros, a las poblaciones marginales y vulnerables”, “que la
problemática que atraviesa nuestra región y nuestro país vinculada al avance de
los modelos extractivistas de ”acumulación por desposesión de territorio y
bienes comunes” es parte de la agenda de debate actual, tanto de los gobiernos
como de los pueblos y comunidades de América Latina” y “que estos
modelos extractivistas se sustentan en la lógica desplegada por el capitalismo
tardío, y que a través de los capitales transnacionales impulsan la megaminería
y el agronegocio extractivistas que afectan a derechos fundamentales de las
poblaciones”; y que a través de éstos y otros cuantos considerandos se
resolvió en el artículo N° 1: “Dar apoyatura a todas aquellas comunidades
del país que consideren ser afectadas en sus derechos colectivos e individuales
por la actividad extractivista, reafirmando los principios y conceptos de la
justicia ambiental y social”; y en el artículo N° 5: “Encomendar al
Rectorado que, en conjunto con los Decanatos de las cinco Facultades de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, den continuidad institucional al tratamiento de la problemática
del extractivismo, a través del fortalecimiento de trabajos de investigación y
extensión ya existentes o generación de nuevos, desde una perspectiva de
diálogo con las comunidades afectadas, de tal modo de ampliar y profundizar las
acciones institucionales en coherencia con la posición asumida”.
Que
los efectos negativos sobre los recursos naturales y el medio ambiente de los
modelos de desarrollo comenzaron a ser considerados en las agendas públicas en
la década del ´70, cuando se dio la ocurrencia de al menos dos grandes eventos
que tuvieron suma notoriedad, y que posteriormente fueron considerados como
hitos en la discusión de la problemática ambiental: la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, y
la publicación del Informe “Los límites del crecimiento” por parte del llamado
Club de Roma, el mismo año.
Que
las problemáticas ambientales derivadas de la industrialización y la
modernización agrícola, fueron inicialmente evidenciadas en los países
desarrollados, para luego difundirse rápidamente hacia los países
subdesarrollados, a partir del trabajo de Organizaciones No Gubernamentales y
grupos ecologistas.
Que
el accionar de esas organizaciones, en el marco de una globalización cultural y
comunicacional que instaló la perspectiva de vivir en el mismo único mundo y en
riesgo ambiental, facilitó la comprensión de los problemas ambientales a escala
global, incidiendo en la constitución de la dimensión ecológica como una de las
dimensiones más fuertes y sensibles de la globalización.
Que
la preocupación por la crisis ambiental global condujo inmediatamente a
relacionarla con la “capacidad de carga” del planeta, o más específicamente la
“capacidad de sustentación” de los recursos naturales respecto al desarrollo.
Esto resultó un motivo para que, a inicios de los años ´80, la Unión Internacional
para la Conservación
de la Naturaleza
(UICN) introdujera el término sostenible (sustainable), para definir al
desarrollo dentro de los límites de la capacidad de carga del ambiente.Aunque la expresión recién ingresa al centro del debate a partir de su
utilización en el informe “Nuestro Futuro Común”, de la Comisión Mundial
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, 1987), más conocida por el
apellido de su coordinadora, Brundtland. La
Comisión Brundland publicó una
definición que con el tiempo se convertiría en clásica: “...el desarrollo
humano sostenible es el incremento de las capacidades y las opciones de la
gente mediante la formación de capital social de manera que satisfaga
equitativamente las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer
las necesidades de las generaciones futuras...”.
Que
si bien el debate sobre el desarrollo sustentable se difunde rápidamente hacia
fines de los años ´80, recién los Estados y los organismos internacionales
intentan incorporar esta temática a principios de los ´90, con la declamación
de convertir en propuestas los acuerdos alcanzados en la Conferencia Mundial
sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro 2002 (Río ´92). Esto queda plasmado en
el documento final de la
Conferencia, conocido como “Agenda 21”, a partir del cual se
convoca a definir patrones sustentables de desarrollo que consideren aspectos
ambientales, económicos, sociales, éticos y culturales, y desde donde surge la
necesidad de definir formas de medir o monitorear las acciones de desarrollo
para avalar su sustentabilidad.
Que,
por otra parte, la empresa mencionada en vistos está implícita y explícitamente
vinculada con un modelo de producción agrícola que ha alcanzado predominio en
nuestra región, y que está siendo puesto en debate desde hace tiempo en
distintos ámbitos académicos, científicos, sociales y culturales, como en
nuestra propia Universidad.
Que la
actividad comercial que realiza esta empresa tiene un rol preponderante en el
marco del sistema productivo provincial, nacional e internacional, siendo productora del 80% de la semilla transgénica a nivel
mundial.
Que el
tratamiento de esta situación específica (instalación de Plantas Experimentales
de Semilla en la ciudad de Río Cuarto y en las proximidades de Córdoba) implica
analizar, desde una perspectiva crítica, al sistema productivo agropecuario en
su conjunto, desarrollado en la región y en el resto del país, y su repercusión
sobre el entramado social e institucional.
Que
habiendo debatido en la
Comisión Ad hoc con enriquecedores intercambios de opiniones
entre los integrantes de la misma y organizaciones sociales y, analizados los
diferentes aportes de los campos disciplinarios que entienden en esta temática,
se acuerda estar en situación de proponer al Consejo Superior consideraciones al
respecto.
Que, como
se sostiene en la
Resolución Nº 536/2012 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Humanas de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, se cuenta con
producciones de investigación de docentes investigadores de dicha Facultad, en
temáticas vinculadas a los problemas enunciados y que resultan aportes valiosos
desde el terreno de la producción de conocimiento crítico y proyectivo. Tales
son los de los Profesores del Departamento de Ciencias de la Comunicación, Gustavo
Cimadevilla "Monsanto en Río Cuarto: ¿hay que oponerse?, Edgardo
Carniglia "Milanesa de Soja, Retenciones y Divisa", o
"El Campo y la Ciudad
en Clave de Desarrollo Sustentable" y aporte del libro del mismo autor
"Las Ruralidades de la
Prensa, Agronegocio,
Tecnología y Agrarismo"; Profesoras del Departamento de Historia
Liliana Formento "El sur Cordobés: un antes y un después en el Proceso de
Sojización" y Laura
Travaglia "Algunas apreciaciones sobre Monsanto" y Profesora del
Departamento de Geografía Gabriela
Maldonado, en co-autoría con el Profesor José Coccaro "Reflexiones
Críticas para repensar el Territorio Hoy. El pretexto de la soja en la Argentina. Vulnerabilidad
Social y Ambiental".
Que en la Resolución mencionada
en el parágrafo anterior se deriva que corresponde a las Universidades
Públicas, como la nuestra, un papel clave en la generación del conocimiento
científico-técnico sobre las ruralidades y la apropiación social del mismo para
que la incorporación reflexiva y autónoma de la tecnología agroindustrial genere
otras condiciones de posibilidad: las de esas otras imprescindibles políticas
para el desarrollo rural y global productivamente dinámico, socialmente
incluyente y ambientalmente sustentable para una sociedad crecientemente
democrática. Que la Universidad
tiene conocimiento y opinión fundada y para eso puede manifestarse pidiendo
políticas acordes y poniéndose a disposición para operar en consecuencia y que
el desafío es la proposición conceptual de un espacio para un abordaje
ético-político, desde la perspectiva de la responsabilidad social y de aporte
al bien público.
Que algunos resultados de investigaciones
realizadas en la Facultad
de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales indican que el manejo del suelo
a través de la siembra directa, junto a todos sus productos asociados
(agroquímicos), apunta al uso intensivo del sistema natural provocando
problemas de erosión, pérdida de materia orgánica, acidificación del suelo
entre otras consecuencias.
Que existen indicadores que el recurso agua revela acumulación de nitratos y
fosfatos en acuíferos subterráneos superando el fondo natural de algunas zonas
en estudio. Que el creciente uso de plaguicidas de una manera que aumenta, año a
año, la cantidad de aplicaciones de productos por hectárea con una lógica que “no contempla el grado de acumulación de
plaguicidas en los suelos”,
compromete la posibilidad de agriculturas mixtas o menos agresivas a futuro.
Que en la provincia de Córdoba sólo queda
el 3 por ciento de la superficie original de 12.000.000 hectáreas ocupadas
por bosques nativos, y que en la ecoregión del espinal solo queda el 1 por
ciento de su superficie original, debido al desmonte, el avance de la frontera
agrícola, el sobrepastoreo, los incendios, la invasión de especies
exóticas, la extracción de áridos, generando una preocupante disminución
de biodiversidad vegetal y de vida silvestre, como así también desertificación
del suelo y que en ese contexto son significativos los aportes vertidos por la Dra. Antonia Oggero
como representante de la Universidad Nacional de Río Cuarto ante la Comisión de Ordenamiento
Territorial del Bosque Nativo de Córdoba (COTBN).
Que la dinámica del agronegocio de los
transgénicos ha producido un desbalance de la relación entre los sistemas
naturales de biodiversidad y los ecosistemas antrópicos (zonas de producción
agrícolas y ganaderas, ciudades) y por ello se considera a la Argentina un país
ambientalmente en rojo donde se ha perdido el 80% de los bosques nativos,
siendo que el balance de biodiversidad es el que hace sustentable a largo plazo
la relación ambiental, ya que sin esta biodiversidad colapsan las fábricas
naturales de agua, de suelo, de vida y de interacciones ecológicas.
Que el
actual modelo de agronegocios, basado en la producción comercial de semillas
transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes industriales, se ha impuesto de
manera excluyente en la región como modo de producción agrícola, con un avance
tan sostenido que pone en peligro de desaparición los métodos orgánicos
naturales, tradicionales y originarios, con implicancias ambientales y sociales
de consecuencias a futuro imprevisibles, pero que ya hoy, a simple vista, ha
transformado el espacio rural, ha impactado sobre el espacio urbano y está
siendo cuestión de debate en el imaginario social, ya porque organizaciones
sociales lo visibilizan, y ya porque las consecuencias en la salud y la
contaminación están entrando por sobrepeso en la agenda de los medios.
Que actualmente se debate el efecto potencial de la contaminación
genética de los OGM sobre especies vegetales no modificadas genéticamente,
poniendo en tela de juicio las distancias necesarias entre cultivos
transgénicos y tradicionales.
Que el paquete tecnológico del los
transgénicos y plaguicidas impuesto masivamente en la región, particularmente
en Argentina y Brasil, expresa un nuevo avance del capitalismo tardío en cuanto
a la lógica colonial de exportación de materias primas e importación de
productos tecnológicos, que está hoy en discusión en América Latina, donde por
otro lado países con tradiciones
culturales de identidad nativa y originaria presentan respuestas en el sentido
de la Soberanía
Alimentaria, como es el caso de Bolivia, donde recientemente
se sancionó una Ley Marco donde se promueve desarrollar acciones de protección
del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción,
producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas
genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia
de acuerdo a norma específica, excepto de aquellas que a la promulgación de la
presente Ley cuenten con autorización, como así también desarrollar acciones
para la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente
modificados autorizados en el país previo a la promulgación a la presente Ley
en un plazo a ser determinado en norma específica.
Que el desarrollo de un
modelo productivo que integra en un paquete tecnológico semillas transgénicas
resistentes a la acción de herbicidas totales y de alta eficiencia para el
aprovechamiento de nutrientes aportados mediante fertilizantes; articulado con
un equipamiento basado en el incremento de escala y eficiencia productiva como
estrategia para maximizar la rentabilidad de corto plazo ha generado, por un
lado, la emergencia de nuevos actores y una nueva trama productiva,
constituyéndose en “un modelo social
desigual, asentado sobre desigualdades precedentes que no han sido resueltas.
Se amplían así, las diferencias sociales y se generan grados de vulnerabilidad
social y ambiental”, y poniendo en evidencia “… una forma de pensar el territorio, bajo supuestos neoliberales. Así
se legitima el territorio como una mera mercancía”, a la vez que “…plantea la necesidad de pensarlo bajo otros
supuestos ético-políticos”... “desde la perspectiva de la responsabilidad
social y de aporte al bien público”.
Que
la lógica de acumulación de riquezas del sistema en cuestión deriva en el
crecimiento de grupos económicos de presión política que alteran la esencia
igualitaria de la democracia e incluso la ponen en peligro.
Que,
de esta manera, el modelo acentúa gravemente los procesos de concentración de
riquezas, aspecto que claramente queda expuesto al comparar datos entre los
censos nacionales agropecuarios, los cuales nos muestran una profunda y
creciente desaparición de productores pequeños y medianos,
generando año a año tanto explotaciones más grandes como aquellas conocidas
como pooles de siembra, que minimizan
la participación de la mano de obra en la obtención del producto y optimizan la
oportunidad de inversión financiera, convirtiendo a la actividad agropecuaria
en un instrumento de especulación financiera.
Que este modelo instalado
como el único o más eficaz, a la vez que intensifica el requerimiento de capital
invertido (alrededor de $ 2.000.000 en equipamiento, equivalente al ingreso
bruto de 458 has de soja o al Ingreso Neto de 600 has. del mismo cultivo),
aumenta significativamente la productividad del trabajo, posibilitando que un
trabajador pueda atender alrededor de 1.500 has de un cultivo agrícola. Esto
implica, por un lado, fuertes obstáculos para el acceso al equipamiento a
productores pequeños y medianos y, por el otro, la lisa y llana expulsión de
trabajadores de las actividades rurales, constituyendo un modelo de
“agricultura sin agricultores”.
Que
el modelo del agronegocio actual impuesto en la estructura económica se
encamina a agregar valor a partir de productos que, como el bio-etanol en base
a maíz, están dirigidos a las demandas del primer mundo, en consonancia con la
cultura colonial de traspaso de recursos y disonancia con las necesidades de
alimentación de una gran cantidad de población, nacional, regional y mundial
que no cubre las necesidades alimentarias.
Que el uso irresponsable de agroquímicos
está afectando la salud de la población, como se desprende del informe de la FUNAM, del informe del 1º Encuentro Nacional de
Médicos de Pueblos Fumigados, y como ha quedado
demostrado públicamente en el histórico juicio que promovieron las Madres de
Ituzaingó,
además de los estudios que han probado
efectos agudos y crónicos en la salud en relación directa con el grado de
exposición a los agrotóxicos.
Que
en el año 2003 se detectaron los primeros antecedentes en nuestro país sobre
contaminación relacionada con agroquímicos en dos localidades de Formosa, donde
se generó un conflicto social que involucró a las familias campesinas, a
miembros del Movimiento Campesino de Formosa, a la empresa agropecuaria
responsable, a organismos estatales provinciales y a ONG ambientalistas y de
desarrollo rural.
Que el juicio penal sobre el caso del Barrio Ituzaingó Anexo
constituye el primer antecedente jurídico a nivel nacional que sienta el
precedente para miles de pueblos fumigados del país.
Que
la información disponible sobre hechos de contaminación vegetal, humana o
animal relacionada a la agricultura transgénica era relativamente escasa y
dispersa hasta hace poco tiempo. Pero que publicaciones recientes, entre ellas,
de científicos de nuestra Universidad, dirigidos por la Prof. Delia Aiassa,
han evidenciado la genotoxicidad de los agroquímicos en poblaciones de la
provincia de Córdoba, utilizando técnicas de aberraciones cromosómicas,
micronúcleos y ensayo cometa que confirman las alteraciones a nivel genético
que presenta la población expuesta directa o indirectamente a los mismos.
Que
trabajos realizados por Gilles-Eric Seralini, profesor de la Universidad de Caen,
Francia, publicados en Food and Chemical Toxicology revelan los resultados del
primer estudio en el mundo donde un transgénico (Maiz NK603®) y un pesticida
(Roundup®) han sido analizados por su
impacto en la salud a largo plazo, situación que hasta el momento no habían
hecho las agencias sanitarias, los gobiernos ni la industria, y que revela una
menor supervivencia del grupo expuesto como así también mayor desarrollo de
tumores.
Que en la provincia del
Chaco hubo fuertes reclamos de vecinos por la presencia de numerosas personas
afectadas en una pequeña área geográfica donde se instaló una arrocera que
desarrolla prácticas agroindustriales sustentadas en una intensa utilización de
plaguicidas, y se constituyó una Comisión oficial que estudió los contaminantes
del agua. La Dra. Ana
Lía Otaño, miembro de esa Comisión y delegada nacional del Ministerio de Salud
en el Chaco, presentó los resultados del Primer Informe donde se destaca
claramente un aumento a nivel provincial de la incidencia de malformaciones
congénitas en recién nacidos, según los datos del principal efector público de
la provincia, el Servicio de Neonatología del Hospital J.C. Perrando de
Resistencia, Chaco.
Que en la provincia de
Santa Fe, la Dra. Maria
Fernanda Simoniello, con el equipo de la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica
Legal de la Facultad
de Bioquímica y Biología de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), se
han dedicado al estudio de biomarcadores de reacción celular en personas
expuestas a plaguicidas en forma directa (fumigadores) e indirecta (no
fumigadores habitantes cercanos de los cultivos), realizando investigaciones
con trabajadores del cordón frutihortícola de la ciudad de Santa Fe, donde los
plaguicidas más usados eran clorpirifós, cipermetrina y glifosato, evidenciando
que ambos grupos de expuestos a los plaguicidas (ocupacional y habitacional)
tenían un índice de daño genético estadísticamente muy superior al grupo
control (no expuestos a plaguicidas), diferencia que es estadísticamente
significativa y que se mantuvo en el análisis de reparación de daño genético.
Que en Argentina las distintas
jurisdicciones regulan el uso de plaguicidas basándose en una clasificación que
solo considera la dosis aguda (instrumentada a partir de la Dosis Letal 50, o
DL50). Ignorando: a.1) Que existen efectos por exposición a bajas dosis
(exposiciones crónicas) usualmente desconsiderados, como disrupción endocrina y
depleción del sistema inmune; a.2) Que cada plaguicida es una mezcla de
sustancias o cóctel (principio activo + aditivos + inertes, etc.); a.3) Que los
cócteles originados en el proceso de fabricación, o preparados para su
utilización, sufren cambios químicos inducidos por la propia interacción
química, la exposición a altas temperaturas, la luz Solar y otros factores.
Esto genera nuevos cócteles con efectos distintos a los del cóctel original o de
fábrica; a.4) Que el uso conjunto de plaguicidas genera nuevos, poderosos e
impredecibles cócteles secundarios de sustancias químicas; a.5) Que estos
cócteles de sustancias en su interacción con el ambiente generan a su vez
nuevas mezclas, en algunos casos con derivados químicos más peligrosos que los
principios activos originales; a.6) Que muchos plaguicidas y sus sustancias
acompañantes suelen ser hidrofóbicas y lipofílicas, lo que facilita su
bioacumulación en el organismo de las personas expuestas, y la bioacumulación
en redes alimentarias. Esto último eleva en "n" veces la
concentración de plaguicidas respecto de la concentración con que se los
dispersó; a.7) Que la aplicación de plaguicidas nunca se restringe a la
superficie de cultivo tratada, dadas la deriva atmosférica o la migración de
residuos (partículas de suelo contaminado llevadas por el viento; plaguicidas
que por lixiviación llegan a las aguas subterráneas; plaguicidas que por
escorrentía llegan a las aguas superficiales, etc.); a.8) Que los productos
cosechados suelen contener plaguicidas aún cuando se respeten períodos de
espera, y que tales sustancias se encuentran tanto en la superficie del
producto (por ejemplo hojas, raíces, frutos, granos, etc.), como dentro del
producto; a.9) Que usualmente la decisión de aplicar un plaguicida o mezcla de
plaguicidas sobre una determinada superficie de cultivo se toma sin conocer la
existencia, en su suelo, sus aguas y su biota, de un "fondo"
preexistente de plaguicidas e incluso sin conocer con anterioridad la
existencia de otros contaminantes de riesgo, como metales pesados y metaloides;
a.10) Que las personas efectivamente expuestas a los plaguicidas y sus mezclas
ya suelen contener en su organismo una cierta diversidad y cantidad de
plaguicidas, y que este contenido puede interactuar con los plaguicidas de
reciente ingreso generando procesos de sinergia, adición o neutralización, y
a.11) Que la sensibilidad de las personas a los plaguicidas y sus derivados
varía con la edad, biomasa, metabolismo, genoma y otras variables, siendo los
más afectados los estadios intrauterinos (embrión, feto), los bebés y niños
pequeños (pues consumen, por unidad de peso, más agua, más alimento y más aire
que los adultos), y las personas de la tercera edad.
Que
existen, en el marco de esta Universidad, numerosas investigaciones tendientes
a determinar los daños ambientales, a la salud humana, los efectos económicos,
las modificaciones en el tejido social y alternativas de producción al modelo
de agronegocios impuesto. Sin embargo han sido desarrollados sin una
coordinación estratégica, y dada la magnitud del problema es necesario dar
relevancia a las mismas.
Que el HCS ha dado apoyo a
las “Madres de Barrio Ituzaingó” en el proceso que originó el histórico “Juicio
a los Fumigadores” en la ciudad de Córdoba en agosto de este año.
Que el HCS ha declarado de
Interés Institucional el reciente “ENCUENTRO REGIONAL POR UNA VIDA SIN
AGROTÓXICOS”, organizado por la “Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos” de
la cual forman parte junto a otras organizaciones, la Secretaría de Extensión
y Desarrollo, el Centro Cultural Agroecológico, el Programa de Apicultura y el
Observatorio de Conflictos Socio Ambientales de esta Universidad.
Que resulta impostergable que la universidad, en conjunto con las
organizaciones sociales, los distintos niveles gubernamentales y sectores
económicos, inicien acciones tendientes a mitigar y revertir las consecuencias
ambientales, en la salud humana, en la desocupación, la concentración de
riqueza, dependencia económica y tecnológica que trae aparejado el modelo
dominante del agronegocio.
Por ello y en
uso de las atribuciones que le fueron conferidas por el Artículo 20º del
Estatuto de esta Universidad Nacional y el Artículo 5º Inciso 9) del Reglamento
Interno del Consejo Superior.
EL CONSEJO
SUPERIOR
R E S U E L V E:
ARTICULO
1º- Expresar la voluntad política de la UNRC de orientar la educación
superior, la investigación y la extensión universitaria en el sentido de las
prácticas socio-ambientales sustentables, la defensa de la biodiversidad, la
agricultura en función de la Soberanía Alimentaria, la generación de trabajo,
la distribución de la riqueza, los modelos agroecológicos de producción de
alimentos, la salvaguarda de la salud de la población y la protección del
ambiente de los efectos de la contaminación.
ARTICULO
2º- Encomendar a la Secretaría de
Planeamiento y Relaciones Institucionales aborde la problemática que ocasiona
el modelo de los agronegocios en la mesa con los
municipios con el propósito de encontrar acciones conjuntas que puedan mitigar y revertir las consecuencias del modelo en la región.
ARTICULO
3º- Requerir a cada Facultad que presente, el 29 de Marzo
de 2013, ante el Consejo Superior, un informe que abarque los aspectos
referidos a la enseñanza, investigación y extensión, proponiendo, en el marco
del denominado “Principio de Libertad de Cátedra”, acciones tendientes a
concretar la voluntad política expresada en el Artículo 1º de esta Resolución.
ARTICULO
4º- Las Secretarías de Extensión y Desarrollo y de
Ciencia y Técnica de la
Universidad deberán presentar, el 29 de Marzo de 2013, ante
el Consejo Superior, un informe que abarque los aspectos referidos a sus
funciones específicas, proponiendo acciones tendientes a concretar la voluntad
política expresada en el Artículo 1º de esta Resolución.
ARTICULO
5º- Encomendar al Observatorio de Conflictos
Socio-ambientales de la
Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales, trabajar con las Organizaciones Sociales comprometidas con el tema
ambiental, facilitando el acceso de los sectores más expuestos y vulnerables de
la ciudad y región, a los procesos internos tendientes a la constatación de
contaminantes que afecten a las personas, en el agua, en el suelo y en aire. A
tal fin se dispondrá recursos económicos, humanos y de infraestructura
suficientes de acuerdo a las
posibilidades presupuestarias de esta Universidad.
ARTICULO
6º- Revisar los convenios vigentes que vinculan esta
Universidad Nacional con empresas multinacionales del agronegocio monopólico e
instruir a la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la UNRC
que analice los procedimientos conducentes a su rescisión.
ARTICULO
7º-
Expresar públicamente el desacuerdo de la UNRC respecto de la
instalación de las empresas multinacionales del monopolio del agronegocio en
particular Monsanto, en la
Ciudad de Río Cuarto en base a lo expresado en los
considerandos de la presente resolución, fijando posición al respecto en
relación a que las mismas representan paradigmáticamente un avance de dicho
modelo de acumulación por desposesión que pudiera vulnerar la soberanía
nacional y popular, con posibles consecuencias ambientales y con el agravante
que no se informó debidamente a la población posiblemente afectada de los riesgos descritos, a los fines de que esta
debata y se exprese sobre lo propio.
ARTICULO 8º- Sugerir
al Consejo Deliberante de la
Ciudad de Río Cuarto que se convoque a Audiencia Pública de
tal modo de invitar a los ciudadanos a participar para exponer sus puntos de
vistas, críticas y propuestas sobre el tema en cuestión.
ARTICULO
9º- Comunicar esta resolución a las autoridades
Nacionales, Provinciales y Municipales para que sea tomada en consideración
este análisis y este cuerpo de posicionamientos al momento de que las Instituciones
del Poder Político deban expedirse sobre
las actividades de las empresas multinacionales que operan en el control
del agronegocio, en particular Monsanto, en cada una de las jurisdicciones
sobre las que legislan.
ARTICULO 10º- Regístrese, comuníquese,
publíquese. Tomen conocimiento las áreas de competencia. Cumplido, archívese.
DADA EN LA SALA DE
SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DOCE
RESOLUCION Nº 322/2012
Miller,
M. (1995): “The third word, in global environmental politics” Lynne Rienner
Publishers, Inc. Colorado; EUA.
Da
Costa Ferreira, L. y E. Viola (1996): “Incertezas de susstentabilidade na
globalizacao” Editorial da UNICAMP. Campinas, SP. Brasil.
Martinez Allier, J. (1995):
“De la economía ecológica al ecologismo popular” Editorial Nordan-Comunidad.
3ra. Edición. Montevideo, Uruguay.
Goodland y otros (1997):
“Medio ambiente y desarrollo sostenible: más allá del Informe Brundtland”
Editorial Trotta. Madrid; España.
Informe del
1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS. Facultad
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 27 y 28 de Agosto de
2010, Ciudad Universitaria, Córdoba
Informe del
1º ENCUENTRO NACIONAL DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS. Facultad
de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 27 y 28 de Agosto de
2010, Ciudad Universitaria, Córdoba
Dr. Raúl A. Montenegro. 2010. Córdoba,
Argentina. Informe sobre los efectos de los plaguicidas en la salud humana y el
ambiente. Necesidad de prohibir el uso de plaguicidas agropecuarios en áreas
urbanas y periurbanas. FUNAM y Cátedra de Biología evolutiva humana Facultad de
psicología Universidad Nacional de Córdoba
